La Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) en el marco de sus operativos rutinarios de inspección, debió suspender tareas en el 60% de las 300 obras en construcción inspeccionadas en la Capital Federal durante los meses de julio y agosto, ya que las condiciones en que se realizaban los trabajos implicaban riesgos graves para la salud y seguridad de los trabajadores.
Según informó el Departamento de Prensa y Comunicación de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, los incumplimientos en que incurrieron los empleadores son variados, pero cabe destacar que muchos de ellos estaban vinculados en las medidas preventivas para evitar la caída de personas en altura, como por ejemplo la falta de barandas reglamentarias en los bordes de losas, escaleras o excavaciones, la falta de protección en los huecos de pisos, falta de barandas en andamios tubulares, falta de arnés de seguridad, fallas de seguridad en los andamios por falta de rigidez y estabilidad de la estructura y plataformas de trabajo inadecuadas, falta de puertas en los montacargas y falta de protecciones laterales para evitar caída de materiales.
Los inspectores de la SRT remarcan que “la caída de personas en altura es un accidente típico de este sector de actividad y generalmente suele ser grave o mortal, pero a su vez es inexplicable que sigan existiendo incumplimientos que favorecen la ocurrencia de estos accidentes ya que las medidas de prevención son sencillas y muchas veces estamos hablando de maderas y clavos”.
Por otro lado, se detectaron otros riesgos graves para la integridad de las personas como la falta de apuntalamientos en las excavaciones para evitar los desmoronamientos de tierra, falta de distancia de seguridad para evitar accidentes cuando se usan máquinas excavadoras, falta de puesta a tierra en las instalaciones eléctricas y equipos, falta de protecciones para evitar atrapamientos en máquinas hormigoneras, montacargas, sierras circulares y amoladoras, entre otros.
Cabe recordar que para el levantamiento de las suspensiones cada empleador debe realizar las adecuaciones indicadas por los inspectores de la SRT e informar al organismo contralor que verificará los cambios. Además, las actas de inspección elaboradas por la SRT fueron remitidas al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (GCBA). Al respecto, si bien la jurisdicción local es quien detenta la potestad de contralor, surge del convenio recientemente firmado entre la SRT y el GCBA, la posibilidad de ampliar y optimizar la capacidad de inspección laboral en el marco del Plan Nacional de Regulación del Trabajo, lo cual permite la intervención de la superintendencia en acciones de contralor en forma conjunta entre los distintos organismos o individual.
